HEADLINES REPORT
Publicación digital de Estudio J.G.Repetto Aguirre & Asociados
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Alejandro Prince Licenciado en Comercialización, Doctor en Ciencia Política y Candidato al Doctorado en Economía. Presidente de Prince & Cooke www.princecooke.com . Vicepresidente de la Fundación Gestión y Desarrollo www.fgd.org.ar. Profesor universitario y conferencista internacionalVer:www.linkedin.com/in/alxprince /www.facebook.com/alejandro.prince
El proyecto de ley de la Ministra Giorgi (Nº 253) bien llamado por algunos "el impuestazo tecnológico", evidencia improvisación, falta de estudios previos y diagnóstico serio sobre el sector, la industria y el mercado TIC, además de grandes contradicciones con otras medidas del mismo Gobierno.
Aclaremos que el proyecto propone incrementar los impuestos internos y el IVA (del 10,5 al 21%), a una serie de productos "electrónicos", en particular a ciertos dispositivos digitales. Aunque en la media sanción de diputados los PC portátiles desaparecieron del proyecto, los monitores y los celulares permanecen junto a otros productos. La iniciativa se relaciona con el Decreto Nº 252/2009, que reduce la alícuota de impuestos internos únicamente para los productos eléctricos o electrónicos fabricados por empresas radicadas en Tierra del Fuego y que deja a los fabricantes nacionales con sede en las demás provincias en imposibilidad de competir, ya que pagarían un 160% más en impuestos.
Un primer y relevante efecto negativo de esta norma será sobre la inclusión digital de personas y organizaciones.
Dado que la movilidad y la convergencia de dispositivos se han convertido en el mayor elemento de la reducción de la brecha digital, castigar a estos productos es aumentar la brecha en vez de reducirla.
Esto se contradice con las políticas seguidas por los últimos tres ministros de educación de este gobierno y el inmediato anterior, que han ordenado la compra de equipos portables para escuelas. También desluce totalmente la Agenda Digital firmada por la Presidente en la Casa Rosada a fines del año pasado, que había sido un ejemplo de trabajo colaborativo y abierto con funcionarios, expertos, universidades, cámaras y ONGs del sector TIC.
Un segundo tema a analizar, es el muy probable efecto contrario en la recaudación, fruto de la reducción en las ventas que el aumento de precio final (estimado entre 30 y 40%) producirá sobre los usuarios. Elasticidad mediante, en un año duro, las ventas podrían caer en una mayor proporción que este aumento de precios, con lo cual la recaudación de IVA e impuestos internos podría ser menor que la actual en términos absolutos. Y de modo derivado, podría ser menor también la recaudación de ingresos brutos y ganancias producidas por el sector.
Este tipo de medidas ha demostrado históricamente que sólo favorece inmediatamente al aumento de la informalidad en la importación y/o comercialización de estos bienes, es decir mayor evasión, subfacturación, contrabando, y otras prácticas. Es resumen, de nuevo menos recaudación. El proyecto da un trato desigual según la zona de producción.
¿Se quiere fomentar el desarrollo de Tierra del Fuego?
Espléndido -por la razón que sea- pero no a costa de castigar a todos los consumidores del país y a la existente fabricación de estos equipos que ya se realiza en el continente.
Un 70/80 % de los PC (desktop y portables) que se venden por año en Argentina, se ensamblan o arman, con cierto grado de integración, en el país. Esto se viene haciendo sin ninguna "promoción".
Desde hace años y con una adecuada calidad. ¿Ahora deberían mudarse al sur? Si se quiere desarrollar o mejorar una industria local TIC, objetivo loable, debe analizarse, discutirse, debatirse con los actores y expertos, una verdadera política industrial, no un parche del tipo manotazo improvisado. Algunos fundamentos del proyecto producen sonrisas, o lágrimas.
¿Suntuarios los celulares?
Según Prince & Cooke son más de treinta y cinco millones las líneas activas, y según el gobierno (CNC-INDEC) son más de cuarenta y seis millones de usuarios (!!!!).
¿Suntuario? ¿Y las PC portátiles (que integraban el proyecto), que ya son más de un tercio de las ventas totales de PC y van a ser más de la mitad en poco más de un año?
Espléndido -por la razón que sea- pero no a costa de castigar a todos los consumidores del país y a la existente fabricación de estos equipos que ya se realiza en el continente.
Un 70/80 % de los PC (desktop y portables) que se venden por año en Argentina, se ensamblan o arman, con cierto grado de integración, en el país. Esto se viene haciendo sin ninguna "promoción".
Desde hace años y con una adecuada calidad. ¿Ahora deberían mudarse al sur? Si se quiere desarrollar o mejorar una industria local TIC, objetivo loable, debe analizarse, discutirse, debatirse con los actores y expertos, una verdadera política industrial, no un parche del tipo manotazo improvisado. Algunos fundamentos del proyecto producen sonrisas, o lágrimas.
¿Suntuarios los celulares?
Según Prince & Cooke son más de treinta y cinco millones las líneas activas, y según el gobierno (CNC-INDEC) son más de cuarenta y seis millones de usuarios (!!!!).
¿Suntuario? ¿Y las PC portátiles (que integraban el proyecto), que ya son más de un tercio de las ventas totales de PC y van a ser más de la mitad en poco más de un año?
Suntuario es tener leyes como esta, un lujo que no
podemos darnos los argentinos.
Hablar de reducción del consumo energético es otra falacia respecto de estos productos. Una breve consulta a un estudiante de colegio industrial (esos que pretendemos y debemos reactivar) habría explicado a los redactores del proyecto, en voltios o amperes o en castellano, el ínfimo consumo de estos bienes. Más bien podría plantearse que impedir su uso aumenta el consumo energético, al evitar la reducción de comunicaciones y transacciones online y aumentar las del mundo físico.
Varias instituciones como Cicomra1, CADMI2 y otras se han manifestado de forma clara y fuerte contra este proyecto. Por ejemplo RODAR (Red de Organizaciones de la Sociedad Civil Digitales de Argentina) considera que, “por la universalidad de uso y aprovechamiento de los bienes que trata el proyecto de ley, sin un análisis integral y multidisciplinario de diferentes factores clave, no es posible determinar a ciencia cierta hoy si el proyecto tendrá efectos positivos en el largo plazo o si, por lo contrario, éstos serán perjudiciales”.
RODAR asumiendo la sanción definitiva de la ley, propone con miras a una política de desarrollo y entre otras cosas “que se analicen y tomen en cuenta diferentes enfoques, criterios y metodologías que permitan determinar con mayor exactitud la naturaleza y alcance de los efectos múltiples que provocará la política propiciada en el conjunto de la sociedad. Una política industrial sustentada sólo en exenciones impositivas, corre el riesgo de generar inversiones golondrina, sin crear capacidades competitivas estables. RODAR sugiere que la generación de un modelo industrial sustentable se tornaría más eficaz si, junto con la adopción de políticas arancelarias, se contemplaran -entre otras- medidas como la generación de una actividad local de I+D y de tecnología aplicada industrial, instrumentos financieros que permitan la incorporación empresaria de tecnologías de mayor complejidad; generación de un polo universitario y tecnológico, y otras.
También esta institución ha manifestado que “un celular ya no representa solamente la capacidad de comunicarse por voz, sino que permite la interacción del usuario con otros contenidos, música, entretenimientos, envío de mensajes de texto que se aparentan en todo a correos electrónicos. El celular ya es una pequeña computadora. Una política de inclusión digital debería utilizar al celular como una oportunidad, encontrar todas las aplicaciones y usos que le den sentido inclusivo y permitan una temprana alfabetización digital de los de menos recursos, requisito indispensable para su ingreso en el mercado del trabajo.
1 Cámara de Informática y Comunicaciones de la República Argentina
2 Cámara de Distribuidores Mayoristas de Informática
En términos claros: el celular es la notebook de los más vulnerables.
Directivos de CADMI afirmaron por su parte que "hoy, sin ningún incentivo, en la Argentina se puede y de hecho muchos lo hacen, fabricar PCs, notebooks, netbooks, monitores y memorias". El ejecutivo agrega que "si tuviéramos menos de la mitad de las Exenciones impositivas que se otorgan a los fabricantes de Tierra del Fuego, podríamos fabricar muchísimos más productos con un enorme ahorro de divisas para el país". "El régimen de Tierra del Fuego goza de significativas ventajas en los productos que fabrica, que todo el resto del país paga debido a todas las exenciones impositivas con las que cuentan las industrias allí radicadas". Para finalizar, el siguiente cuadro muestra (para el período 2002-2008) un resumen de los principales indicadores del Sector TIC en el país. En el mismo puede verse la creciente evolución positiva de los últimos años, y el nivel de adopción de PC y celulares en la sociedad.
Ver Indicadores TIC en Argentina 2002 – 2008 (en millones) / Fuente: Prince & Cooke
En Diciembre pasado la Presidenta firmó la Agenda Digital Argentina, resultado del trabajo de un año de consensos entre las posiciones de todos los actores (sector privado, sector público, sociedad civil, ciencia y academia). El Decreto 512/2009 creó un Grupo de Trabajo Multisectorial como ámbito para generar propuestas que permitieran la participación de todos los sectores involucrados. Ese consenso metodológico debería ser aprovechado en la instancia parlamentaria de esta u otras leyes.
No debería yo, u otros, tener que explicar las consecuencias negativas de esta ley sino que, republicanamente, los funcionarios promotores y los diputa-dos y senadores firmantes, nos deberían haber explicado -a nosotros los ciudadanos- las razones y verdaderos fines de este proyecto, con datos y análisis serios.
Este, como cualquier otro proyecto de ley, debería surgir de un debate y análisis, de los funcionarios correspondientes, junto a expertos y actores del sector privado y la sociedad civil, de modo trasdisciplinario y multiactoral, y en la búsqueda de consensos.
Eso sería calidad institucional, un requisito indispensable para el futuro de todos los argentinos.
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